Febrero 19 de 2024
Camaradas firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Nos dirigimos a ustedes como ex integrantes del último secretariado del Estado Mayor Central de las extintas FARC-EP, para compartirles algunas reflexiones relacionadas con la carta abierta que el día 7 de febrero del año en curso dirigimos al presidente Gustavo Petro, en su condición de Jefe de Estado, en el marco de la visita que realizó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a nuestro país, para verificar sobre el terreno los avances y dificultades de la implementación del Acuerdo de Paz que firmamos con el Estado, en cabeza del ex presidente
Juan Manuel Santos, en noviembre de 2016.
Como era de esperarse, la carta suscitó múltiples reacciones, comenzando por el propio presidente de la JEP que, inexplicablemente, salió a controvertir nuestros argumentos como si no nos asistiera el derecho, como Alta Parte Contratante, de opinar sobre las actuaciones de una jurisdicción que fue creada por el Acuerdo que firmamos con el Estado, para exigir que se cumpla cabalmente el texto suscrito.
Tal como lo señalamos en la carta al presidente, la motivación de la misma está sustentada en las múltiples preocupaciones que ustedes nos han hecho llegar por el desbordamiento de la actuación de la JEP, que viene desconociendo partes fundamentales de lo acordado.
Ahora, para mayor claridad y comprensión de todos ustedes, queremos recordar que la integralidad del Acuerdo que firmamos hoy en día es un documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo incorporó en la resolución S/2017/272 , atendiendo la solicitud que hiciera el entonces presidente Juan Manuel Santos, el día 13 de marzo de 2017, en una comunicación oficial de buena fe, dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, en forma de Declaración Unilateral de Estado.
Haciendo referencia a las consecuencias jurídicas de dicha Declaración Unilateral de Estado y la incorporación del texto del Acuerdo Final de Paz, en una resolución oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro Urrego, en comunicación dirigida a
Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, fechada el 19 de septiembre de 2023, en la que ratifica, en la misma condición que lo hizo en su momento el presidente Juan Manuel Santos, señala lo siguiente:
Nació así con ello la obligación irreductible para el Estado colombiano, y por ende para su Jefe de Estado, fuere quien fuere, de hacer cumplir el contenido todo del Documento Oficial so pena de incurrir Colombia en una responsabilidad internacional de graves consecuencia para la
nación. Se recuerda, que por la naturaleza del compromiso, la obligación de cumplir se efectuó no solo ante el Consejo de Seguridad sino ante todas las naciones del mundo.
Todos nosotros sabemos que el texto original del Acuerdo en su punto 5 fue alterado, primero, como consecuencia de la encerrona que los altos mandos de la Fuerza Pública, le hicieron al presidente Santos, horas antes de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, en la que hicieron
suprimir partes de punto 5 para garantizar que no tuvieran que responder por los crímenes cometidos por sus tropas en virtud de la línea de mando, como también para proteger los bienes adquiridos ilegalmente durante el conflicto.
Posteriormente, a su paso por el Congreso y la Corte Constitucional el texto fue nuevamente modificado, dejando un margen muy reducido para conocer la verdad por parte de la JEP de los civiles funcionarios del Estado y a los denominados terceros. De manera insólita según la
Corte Constitucional su comparecencia es voluntaria y no obligatoria, como inicialmente fue lo pactado. Ni que hablar de los paramilitares, a quienes jurisprudencialmente esta jurisdicción ha preferido ocultar su verdad, dejándolos en la inoperancia de Justicia y Paz.
Por todo lo anterior, cobran gran importancia en el actual momento las palabras del presidente Petro, en su misiva ya referida, en la que se dice lo siguiente:
Permítame señalarle señor Secretario General que en mi condición de actual Jefe de Estado de la Republica de Colombia es mi deseo, voluntad, y obligación el proseguir con el compromiso inalterable ya adquirido surgido de dicha declaración oficial de buena fe, en forma de Declaración Unilateral del Estado. Acato entonces señor Secretario, lo repito, la obligación adquirida; en su forma y su fondo. No escatimaré esfuerzo alguno para que el compromiso se cumpla cabalmente. Tomaré todas las medidas conducentes para que así sea. Por ende, le pido a usted se sirva trasmitir el texto de la presente comunicación al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
Además de adelantar las medidas requeridas a efectos de satisfacer cabalmente la obligación universal adquirida por la Republica de Colombia desde el año 2017, habrá un empeño adicional para que la Justicia Especial para Paz, JEP, tribunal internacionalizado, se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo. De allí que ponga el suscrito de presente que la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia en los términos consignados en el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad. Permítaseme recordar entonces el principio conditio sine qua non que
hará de la JEP un referente universal.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tendrá que tener en cuenta toda la competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada. Deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal.
Igualmente deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía cuando haya lugar a ella en los términos pactados y al tenor del articulo 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949.
Por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad. Derecho inalienable del país todo y de las víctimas del conflicto armado interno. Habrá de tomarlo y asumirlo como es y corresponde: un derecho ius cogens, norma imperante de orden público imposible de eludir. El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades.
Deberá tener presente la JEP el principio universal nulla poena sine lege. El Tribunal para la Paz, JEP, deberá tener en cuenta que es órgano de cierre de la Jurisdicción Especial. Propiciaré sin escatimar esfuerzo que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,
cumpla su gran cometido: La paz como derecho síntesis. Como Jefe de Estado y en representación del Estado mismo, manifiesto una vez más que haré cumplir el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo del Seguridad.
Tratándose la anterior, de una comunicación oficial del Jefe de Estado, dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, máxima autoridad en el mundo en materia de paz, la JEP no puede, bajo una idea equivocada, seguir interpretando su independencia y autonomía como una facultad para alterar el texto de lo acordado mediante decisiones y resoluciones cuyo alcance no puede estar por encima del Acuerdo Final de Paz, hoy documento oficial del Consejo de Seguridad.
Todos nosotros somos conscientes de las inmensas dificultades que hemos tenido que pasar durante estos 7 años largos desde que firmamos el Acuerdo de Paz; a los asesinatos, los atentados, las amenazas, el desplazamiento, la estigmatización y los entrampamientos se agrega la desfiguración de la Jurisdicción Especial de Paz, que ha llevado a que su verdadera esencia se haya perdido, como lo mencionamos en la carta dirigida al presidente en su condición de Jefe de Estado.
Son muchas las quejas y reclamos que durante este tiempo hemos recibido de antiguos integrantes de estructuras intermedias de las FARC , ex guerrilleros y milicianos de base que ven con preocupación como cada día aumenta el número de hechos en contra de comparecientes vinculados a los distintos macrocasos, en un procedimiento que se aparta de lo acordado, lo que viene provocando inconformidad y desconcierto debido además a la negación de amnistías, la no concesión de renuncias a la persecución penal, el no reconocimiento de los periodos de privación de la libertad, el irrespeto a las sanciones restaurativas, y la permanencia de un gran número de camaradas en la cárcel; todo lo cual ha generado gran inconformidad e inseguridad llevando a muchos a tomar distancia y en algunos casos tomar la decisión equivocada de vincularse a distintos grupos armados.
A la vez que ratificamos nuestro compromiso con el Acuerdo, con los derechos de las víctimas, con la paz y la reconciliación, también reiteramos ante ustedes nuestra decisión de recurrir a todos los medios a nuestro alcance, incluidas instancias internacionales, para que el Estado cumpla sus compromisos. Consecuentes con lo anterior, queremos convocarlos a que, de manera unida, sigamos en la brega por hacer realidad el sueño de la paz que nos llevó a firmar el fin del conflicto con el Estado.
Los invitamos a mantener alertas al desenvolvimiento de la situación, y, a fin de intercambiar opiniones sobre este y otros temas de vital importancia, los convocamos a realizar encuentros regionales de comparecientes en los que, de manera conjunta, analicemos alternativas y
salidas respecto al descarrilamiento de que viene siendo objeto la Jurisdicción Especial para la Paz.
Fraternalmente,
Rodrigo Londoño
Pablo Catatumbo
Pastor Alape
Joaquín Gómez
Jaime Alberto Parra
Rodrigo Granda
Julián Gallo Cubillos
