“… además de la indefinida detención de Santrich, estamos frente a la vulneración de los derechos políticos de nuestro partido de la FARC, del proceso de reincorporación política y del mismo acuerdo de paz…”
Han trascurrido 10 meses desde la arbitraria detención del Representante a la Cámara Jesús Santrich, sin que exista acusación alguna contra él en Colombia. Cuatro meses y medio ya desde que la JEP solicitara a la justicia de los EEUU, conforme a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que remitiera copia de las pruebas con las que dicen sustentarse las acusaciones contra quien fuera uno de los más comprometidos negociadores del Acuerdo de paz.
Jesús Santrich ha sido sometido a un procedimiento de extradición inacabable que debiera haberse sustanciado en un máximo de 120 días según ordena el artículo transitorio 19 de la Constitución Política; fue convertido en rehén de los enemigos de la paz y de una Fiscalía General que arbitrariamente le ha impedido posesionarse como Representante a la Cámara, así como comparecer personalmente ante la JEP.
El ya evidente montaje ha tenido como finalidad desestabilizar el proceso de paz, incentivar la deserción, sembrar la inseguridad jurídica, debilitar a la JEP que nació con la ingente tarea de acabar con la impunidad en Colombia, acusarla infundadamente de todo tipo de irregularidades y presionar hasta el infinito la independencia de los magistrados y funcionarios que tienen el mandato constitucional de hacerla funcionar; mientras nuestro camarada permanece recluido en aislamiento absoluto, con fundamento en una supuesta alta peligrosidad que no se corresponde con el estado de una persona invidente y con sus conocidos problemas de salud.
Detrás de todo ello se encuentran las mismas fuerzas políticas que se opusieron a la paz y al día de hoy retienen indebidamente la sanción de la Ley Estatutaria de la JEP refrendada por la Corte Constitucional, al tiempo que la denostan y degradan. Obviamente se trata también de una maniobra desesperada para retrasar lo evidente, la puesta en libertad de Jesús Santrich, tal como ordenó la Corte Constitucional para el caso de que la JEP aplicara la garantía de No extradición.
Y ocurrió lo inconcebible, jamás visto en proceso de extradición alguno. Tras concluir el plazo otorgado ya en exceso por la JEP para que las autoridades de los EEUU suministraran la información requerida sin que se hiciera, se nos ha dicho que el Estado colombiano extravió la solicitud de cooperación judicial y que la carta rogatoria nunca llegó a los destinatarios a pesar de tratarse de un trámite que se repite entre 200 y 300 veces al año desde hace décadas. Tamaño despropósito ha ocurrido cuando solo quedaba una resolución de la JEP que pusiera fin a la prolongada detención de nuestro camarada.
La consecuencia de este extravío no ha sido sanciones a los responsables de tal despropósito, sino una ampliación del ya extenso procedimiento de examen de la garantía de no extradición por la JEP por al menos un mes más, tiempo en el cual Santrich continuará encarcelado, sometido a la vulneración de sus derechos constitucionales.
Creemos necesario una explicación convincente sobre las rezones de tan extraordinario extravío, y una aclaración sobre los motivos por los cuales la carta rogatoria no fue diligenciada a través de los habituales conductos diplomáticos, que basados en la reciprocidad no requieren para su utilización la existencia de convenio bilateral alguno como falsamente se ha justificado.
Debemos señalar que además de la indefinida detención de Santrich, estamos frente a la vulneración de los derechos políticos de nuestro partido de la FARC, del proceso de reincorporación política y del mismo acuerdo de paz, en la medida en que Santrich no ha podido ejercer su función parlamentaria.
Demandamos del Gobierno que asuma su responsabilidad política frente al atropello del que somos objeto; exigimos la libertad inmediata de Jesús para que pueda ser investido como Representante. Pedimos a todos nuestros compatriotas que estén vigilantes ante esta indecente maniobra de los enemigos de la paz, para que se convierta en la última y no en otra más.
CONSEJO POLÍTICO NACIONAL
Bogotá, 6 de febrero de 2019